Arrollados por la sexta ola sin hacer nada por evitarlo

No es que no aprendamos, es que nos negamos a aprender. El pasado año Castilla y León pagó muy caro el empeño del presidente Fernández Mañueco de "salvar las Navidades" (entendiendo como tal celebrarlas apenas sin restricciones que afectaran al consumo, a la movilidad y a las reuniones sociales y familiares). Y a tal efecto, poco antes del puente de la Constitución comenzó una desescalada previa a un periodo navideño regulado con gran laxitud respecto al grueso de las comunidades autónomas.

Todo ello propició una vertiginosa expansión del virus a lo largo del mes de enero, en el que la tasa de incidencia se disparó hasta los 1.400 casos (por encima de los 2.000 en las provincias de Palencia y Segovia) y el número de hospitalizados llegó a superar los 2.400 (300 ellos en UCI), contabilizándose en ese pico entre 30 y 40 muertos diarios.

Tropezar en la misma piedra

Un año después, fiándolo todo al alto grado de vacunación -que minimiza los efectos de la enfermedad, pero no evita la transmisión del virus- el gobierno Mañueco ha intentado (esta vez sin la torpeza de reconocerlo) repetir su apuesta de "salvar las Navidades", inhibiéndose por completo durante semanas de adoptar medida alguna para combatir una sexta ola agravada por la variante ómicron.

La previsión de la Junta era que la nueva ola avanzaría a menor ritmo y no alcanzaría su pico hasta después de Reyes, tal como ocurrió el pasado año. Se asumía que la repercusión sanitaria se retrasaría a enero y que en ningún colapsaría el sistema.
Sin embargo, la explosividad del virus se ha adelantado a mediados de diciembre, dejando en evidencia la irresponsable pasividad de la Junta, obstinada en minimizar el alcance de esta sexta ola.

Aunque el lunes 13 de diciembre Castilla y León ya había entrado en situación de riesgo alto (520 casos de incidencia acumulada), el martes 14 la tasa subió a 562 y el miércoles a 604, la intención de la Junta seguía siendo la de aguantar las Navidades sin otra medida que la de exigir a los ancianos de las residencias una prueba negativa a su regreso al centro. Hasta que el jueves 16, con 2.120 nuevos contagios que dispararon la tasa de incidencia hasta los 650 casos, en el Colegio de la Asunción no tuvieron más remedio que darse por enterados de la alarmante situación.

Antes del puente de la Constitución, Castilla y León ya era la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de incidencia después de Navarra, País Vasco y Aragón, pese a lo cual la Junta asistió impasible a la creciente expansión del virus. Esas tres comunidades y otras cinco más activaron el Pasaporte Covid, una medida que la Junta por entonces tenía en estudio y que después acabaría descartando con un argumento como mínimo extravagante: "Una medida como esta puede generar una sensación de falsa seguridad que no solo frene el aumento de la incidencia sino que contribuya a él".

Una pasividad temeraria

Mientras la incidencia y el número de hospitalizados crecía a ritmo sostenido durante semanas, el gobierno Mañueco seguía impertérrito, limitándose a apelar a la responsabilidad individual de seguir las recomendaciones básicas por todos conocidas.
La alarmante situación constatada el jueves 16 se agravó el viernes 17 con otros 2.181contagios, 585 brotes activos, un incremento de la incidencia hasta 704 y un total de 421 hospitalizados (85 de ellos en UCI).

Ante tamaña tasa de contagiosidad y la consiguiente presión hospitalaria, la Junta no tenido otro remedio que convocar al comité de expertos para que le vista el muñeco de unas medidas restrictivas que por nada del mundo quería tomar en vísperas navideñas.

El presidente Mañueco, que a lo largo de la pandemia ha ninguneado como le ha venido en gana a dicho comité, se ha permitido recabar "propuestas concluyentes, no sugerencias que generen incertidumbres".Y el vicepresidente Igea no ha andado a la zaga en su impostura, reconociendo, como si se hubiera caído de un guindo, el riesgo de un nuevo colapso sanitario.

Gracias a la vacunación no es fácil que dicho colapso alcance los pavorosos niveles del pasado mes de enero, pero a estas alturas la sexta ola, amén de estar saturando las urgencias y la atención primaria, tensiona día a día las unidades de críticos de nuestros hospitales. Y son ya cerca de 150 las vidas que se ha cobrado hasta el momento la sexta ola en Castilla y León.

Mañueco decide y nadie rechista

A lo largo de la pandemia, las restricciones han sido objeto de dura confrontación en el seno del Consejo de Gobierno, donde el presidente Mañueco en no pocas ocasiones ha tenido que dar su brazo a torcer ante la consejera Casado y el vicepresidente Igea. Ese pulso pasó a la historia el pasado septiembre.

A partir del encontronazo sobre la reforma de la atención primaria, el presidente ya no encuentra contrapeso alguno para imponer su criterio, que viene a ser básicamente el mismo que el aplicado por Isabel Díaz Ayuso en la comunidad de Madrid: evitar a toda costa cualquier restricción que afecte a sectores económicos.

"Las olas van y vienen, suben y bajan, el virus viene por lugares abiertos y somos un lugar de paso", afirmaba Mañueco en una entrevista publicada el pasado mes de abril. Por aquel entonces la Junta contabilizaba oficialmente 10.750 fallecimientos por Covid. El pasado jueves la cifra se elevaba a 11.917. Y lo peor de la sexta ola no llegará hasta enero.

--- patrocinados ---