OPINIÓN|LA TRASTIENDA

Desalojar al PSOE de sus feudos municipales, máxima prioridad de los socios de gobierno en la Junta

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Cortes de Castilla y León

PP y Vox se proponen aparcar los asuntos conflictivos y primar en su lugar las medidas electoralmente más rentables ante los comicios locales de 2023.

Pedro Vicente
09/05/2022 - 07:42h.

En los sucesivos cambios de Legislatura desde que se constituyó esta comunidad autónoma no se recuerda una lentitud tan exasperante en el proceso de recuperar la normalidad institucional alterada por una convocatoria electoral. Tanto las Cortes como el gobierno de coalición PP-Vox se han tomado con pasmosa tranquilidad los pasos a dar para recobrar su normal funcionamiento.
Casi tres meses después del 13-F, las Cortes celebran esta semana su primer pleno del nuevo periodo, que no es otro que el convocado para designar a los tres senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León en la Cámara Alta. Una votación en la que los procuradores del PP, secundados en esta ocasión por los de Vox, reproducirán la ignominia de adjudicar uno de dichos escaños al político alavés Javier Maroto.

En 2019 se supone que ello obedeció a una imposición de Pablo Casado, que necesitaba hacer senador a Maroto para confiarle el cargo de portavoz del grupo popular. Ahora no está claro si su nueva designación se produce a instancias de Núñez Feijóo, quien de momento no ha tomado una decisión definitiva sobre dicha portavocía, o si responde sin más al acreditado cuajo personal de Alfonso Fernández Mañueco. Mientras, el grado de identificación del beneficiario con Castilla y León es tal que sigue sin enterarse de que son nueve y no ocho el número de provincias que integran la comunidad autónoma.

Con el otro escaño del Senado, adjudicado al ex procurador Vidal Galicia Jaramillo, Mañueco da una palmadita en la espalda al maltrecho PP abulense, al que no ha encontrado acomodo ni en el nuevo gobierno ni en la Mesa de las Cortes. Y ello después del fracasado intento de frenar la progresión electoral del "Partido por Ávila", que el 13-F creció del 9,6 al 16,7 de los votos.

Nombramientos con cuentagotas

Pero más sorprende aún que, después de haber celebrado tres Consejos de Gobierno, la Junta tan solo haya procedido a 17 nombramientos de altos cargos, manteniendo en situación de interinidad el grueso de los equipos de la mayor de las consejerías.
Especialmente llamativo es el caso de las tres asignadas a Vox, partido que, después de darse tanta prisa en anunciar los nombres de sus consejeros, tiene casi inéditos sus equipos de altos cargos en Agricultura e Industria.

El titular de esta última, Mariano Veganzones, tan solo ha nombrado al nuevo secretario general, un funcionario procedente de la consejería de Cultura. Sigue vacante la vicesecretaria (antes de Empleo y Dialogo Social, ahora de Dinamización Industrial y Laboral), así como la Gerencia del ECYL, y en funciones los directores generales nombrados en su día por Ciudadanos. Mientras tanto, los sindicatos urgen la reanudación del Diálogo Social, a priori uno de los asuntos más espinosos en esta nueva etapa.

Tampoco parece tener mucha prisa en cerrar su equipo el nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, quien hasta el momento tan solo ha nombrado al secretario general, un funcionario que procede de Sanidad, y al viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural, Juan Pablo Medina, éste sin duda un fichaje estratégico. (Medina, director general de la Política Agraria Comunitaria desde el año 2003 y como tal responsable de gestionar el dineral anual de la PAC (924 millones), asciende a viceconsejero de la mano de Vox, que arrebata así al PP todo un referente en el sector agrario, ámbito de especial disputa clientelar entre ambos partidos)
Del trío de Vox el único consejero que tiene prácticamente cerrado el equipo resulta ser el de Cultura, Gonzalo Santonja, quien ha confiado la viceconsejería a Mar Sancho, quien, entre otros altos cargos en gobiernos del PP, fue directora general de Políticas Culturales.

La presencia de anteriores altos cargos de la Junta en las consejerías gestionadas por Vox no gusta nada en el PP, consciente de que ello refuerza la percepción ciudadana de ambos partidos como integrantes de un mismo bloque con muchas más afinidades que diferencias.

Cierto que tras haber pasado a compartir el gobierno autonómico, PP y Vox van a hacer en Castilla y León un ímprobo esfuerzo por aparentar una sintonía política que están muy lejos de alcanzar. De puertas hacia afuera, están obligados a evitar desavenencias públicas, pero desde dentro van a actuar como compartimentos-estanco con estrategias partidistas perfectamente diferenciadas. (La de Vox, coordinada por el edecán de Abascal, García Gallardo, quien ha tenido el descaro de dotar a su vicepresidencia-trampantojo de una estructura de tres altos cargos, un Jefe de Gabinete y dos directores generales, uno de ellos con rango de secretario general).

La desconfianza es inevitable desde el momento en que el propósito de ambos socios es el de utilizar sus respectivos resortes de poder en la Junta para afrontar con la mayor ventaja posible las elecciones municipales de mayo de 2023. El objetivo común de PP y Vox es desalojar al PSOE de sus principales feudos municipales –Valladolid, Burgos, León, Segovia, Soria, y tres de los otros 6 municipios de más de 20.000 habitantes- mediante los correspondientes pactos poselectorales allá donde ambos partidos sumen mayoría absoluta.

El reparto de ese botín electoral, que incluye las Diputaciones provinciales, estará lógicamente en función del respaldo que los ahora socios en la Junta obtengan por separado en las urnas. Y en ese pulso Vox no dudará en ofrecer puestos en sus listas a actuales alcaldes y concejales del PP.

Con ese doble juego de fondo, la proximidad de los comicios municipales va a marcar la acción de gobierno de coalición PP-Vox durante el primer año de la nueva Legislatura, que desde su mismo inicio se ha visto impregnado del burdo electoralismo que rodea a esa magra rebaja anunciada en tramo autonómico del IRPF.

Consecuentemente con esa estrategia, y a fin de ahorrarse previsibles tensiones internas, PP y Vox han decidido prorrogar durante todo el año 2022 los desfasados Presupuestos de 2021, sin pararse a pensar en los perjuicios de dicha prórroga. Y hasta el 15 de octubre, plazo de su presentación en las Cortes, no conoceremos el primer Proyecto Presupuestario del gobierno PP-Vox.

Sus urgencias legislativas para este primer año están tasadas y fechadas por imposición de Vox: la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia que derogará el decreto de Memoria Democrática. Más allá de estas fijaciones ideológicas de Vox, se desconoce cualquier otra prioridad legislativa.

Paños calientes sobre la atención primaria

Lo que es seguro es que el PP va a tener especial cuidado en no remover durante los próximos meses ningún avispero que soliviante al agitado ámbito rural, como podría ser la elaboración de los mapas rurales de la Ordenación Territorial, competencia endosada ahora a la consejería de Medio Ambiente.

El compromiso del presidente Mañueco de garantizar la asistencia presencial (médica y de enfermería) en los 3.600 consultorios locales es de imposible cumplimiento. Y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se limitará a aplicar paños calientes, aplazando cualquier medida que puede agudizar el malestar de la población afectada. La prioridad de Vázquez consiste en estos momentos en aligerar las insoportables listas de espera quirúrgicas y diagnósticas a base de un Plan de Choque concertado con la Sanidad Privada.

Otro elemento de desgaste que presumiblemente intentará soslayar el nuevo gobierno de la comunidad en este primer año es el importante rechazo social que suscita la proliferación de las macrogranjas ganaderas. Tras la gran polémica que protagonizaron durante la pasada campaña electoral, la amenaza de las macrogranjas sigue ahí, con alrededor de otras 80 en trámite que degradarían aún más el entorno natural, arruinando propia ganadería tradicional, el turismo rural y cualquier otro potencial alternativo.

Con 16 plataformas ciudadanas de Castilla y León movilizadas contra esos proyectos, es de suponer que PP y Vox darán largas al problema hasta después de las elecciones municipales. Hasta entonces tratarán de que la hoja de ruta no levanta ninguna ampolla más de las imprescindibles.

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