Castilla y León: la comunidad que paga el precio de no ser problema

La primera profeta moderna
16/01/2026 - 13:29h.

La discusión sobre la financiación autonómica vuelve a escena con cada ciclo político, pero rara vez se mira hacia donde más duele: hacia los territorios que sostienen el mapa, pero no los titulares. Castilla y León es uno de ellos. Un territorio enorme, envejecido, disperso, con miles de pueblos y un coste de prestación de servicios que no se parece al de ninguna comunidad urbana. Sin embargo, el modelo de financiación ha ido evolucionando justo en la dirección contraria: menos peso para la dispersión, más peso para la población real, más relevancia para la capacidad fiscal y más atención para quienes tienen fuerza política o mediática.

El resultado es conocido: Castilla y León recibe fondos de nivelación porque los necesita, pero aun así aparece por debajo de la media en financiación efectiva. No porque alguien la ataque, sino porque nadie la defiende. El sistema se ha ido "urbanizando" mientras la comunidad se vaciaba. Y la fórmula no se ha adaptado a esa realidad.

¿Quién es responsable? No hay un villano único. El modelo vigente se aprobó con gobiernos de un color, pero con el apoyo o la presión de comunidades gobernadas por otros. Las grandes —Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia— han empujado para que la población real pese más. Las ricas han pedido ordinalidad. Las endeudadas han exigido condonaciones. Las forales van por libre. Y las pequeñas, las rurales, las que sostienen miles de kilómetros de carreteras y cientos de consultorios con muy poca gente, no han tenido fuerza suficiente para imponer su agenda.

Castilla y León tampoco ha jugado con cartas especialmente buenas. No tiene un partido territorial fuerte que condicione mayorías en Madrid. No ha liderado un bloque estable de comunidades despobladas. No ha convertido la dispersión y la despoblación en una línea roja nacional. Y, sobre todo, no ha tenido la capacidad de convertir su problema estructural en un problema político para el Estado. En España, las reformas llegan cuando alguien las convierte en inevitables. Castilla y León nunca ha sido inevitable.

¿Tiene solución? Sí, pero no con parches. Haría falta un fondo específico de despoblación, como el que tienen las islas para compensar su insularidad. Haría falta devolver peso a la dispersión, reconocer los costes fijos de prestar servicios en territorios vacíos, blindar la solidaridad frente a una ordinalidad mal entendida y eliminar el desincentivo fiscal que penaliza a las comunidades con poca capacidad recaudatoria. Medidas concretas, técnicas, realistas. No discursos.

¿Puede un partido propio de Castilla y León cambiar esta dinámica? Podría. No por magia, sino por aritmética. En España, quien condiciona mayorías condiciona modelos. Un partido territorial que actuara en Madrid, no solo en Valladolid, podría convertir la despoblación en un precio político a pagar. Podría exigir fondos específicos, reformas parciales, ajustes técnicos. Podría, en definitiva, poner a Castilla y León en el mapa de las prioridades. Pero solo si juega en el tablero nacional y solo si evita convertirse en un satélite de los grandes.

¿Y todo este ruido actual? ¿Es el preludio de una reforma real? Lo más honesto es decir que no. El ruido es intenso, pero las posiciones son incompatibles. Cada comunidad pide algo distinto y casi siempre contradictorio. Sin un actor que obligue a negociar, sin un bloque de la España vaciada, sin un partido que haga valer sus votos, lo más probable es que el ruido siga siendo ruido.

Castilla y León no pide privilegios. Pide que el sistema reconozca el coste real de sostener un territorio que el país ha decidido vaciar. La pregunta no es quién la ha traicionado, sino cuánto tiempo más vamos a aceptar que la España que menos grita sea siempre la que más pierde. Tengan en cuenta esta realidad cuando escuchen las palabras: voto útil.