La comisión de investigación del caso Prepay ha celebrado su primera reunión, cumpliendo con lo acordado en el Pleno municipal. Durante cuatro horas de deliberaciones, los tres grupos políticos que la conforman alcanzaron todos sus acuerdos por unanimidad.
La comisión ha sido constituida con el objetivo de investigar el contrato de la empresa Prepay desde 2018 hasta la fecha actual. En este primer encuentro se acordó el régimen de sesiones, que incluirá un total de cinco reuniones. Las próximas sesiones intermedias están programadas para el 13 de febrero, el 5 de marzo y el 13 de marzo, fechas en las que se analizarán en detalle los distintos contratos relacionados con la empresa investigada.
Por motivos de protección de datos, se decidió de manera unánime que las sesiones se realizarán a puerta cerrada, con grabación de audio para la posterior elaboración de actas textuales. Además, se determinó que los miembros de la comisión tendrán acceso a la documentación necesaria, la cual reside en los expedientes municipales.
En cuanto a las comparecencias, se acordó que serán llamados técnicos municipales, políticos municipales, habilitados nacionales, la administradora concursal, así como los gestores y firmantes de los contratos de Prepay. Se estableció un orden de intervención teniendo en cuenta que algunos de los comparecientes residen fuera de la ciudad. Sin embargo, la asistencia de estos comparecientes será voluntaria.
Cabe destacar que, por acuerdo unánime de los tres grupos políticos, los exalcaldes no formarán parte del listado de comparecientes. No obstante, sí estarán presentes los presidentes del Samyt, incluyendo a su exvicepresidente Raúl Martínez.
La comisión, de carácter político y derivada del Pleno del Ayuntamiento, tendrá la misión de elaborar unas conclusiones que serán elevadas al Pleno. En función de estas conclusiones, se adoptarán las medidas políticas pertinentes dentro de los márgenes de sus competencias.
Finalmente, no se registró ninguna solicitud para que las sesiones sean públicas, en cumplimiento con la normativa de protección de datos y con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos.