Ecologistas se muestra en contra de la instalación de una gran incineradora en Castilla y León
Sostienen que el Consejero Suárez-Quiñones presiona a las entidades locales para que entreguen acuarenta años sus residuos municipales a SOMACYL, con la amenaza de penalizaciones. Ecologistas en Acción advierte sobre las emisiones tóxicas al aire, sobre el bloqueo de lareducción y el reciclado de los residuos y sobre el alto coste económico de su incineración
08/04/2025 - 13:36h.
Según denuncia Ecologistas en Acción, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid la firma de un Convenio para incinerar el rechazo de todos los centros detratamiento (CTR) de residuos domésticos en "una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional".
Señalan que el Anexo I del borrador de Convenio, al que ha accedido Ecologistas en Acción, cuantifica la capacidad mínima de la incineradora en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, el 40 % del rechazo generado anualmente en los CTR de Castilla y León, si bien dicha cantidad podría incrementarse hasta medio millón de toneladas al año teniendo en cuenta los bajos porcentajes de recuperación de dichos residuos en nuestra Comunidad y la posibilidad de recepcionar el compost y el digestato de ínfima calidad producido actualmente en los CTR.
Destacan que ee trata por lo tanto de una macroincineradora de residuos, mayor que la incineradora del Ayuntamiento de Madrid en Valdemingómez, en la que cada día descargarían sus cargamentos de basura cientos de camiones procedentes de toda la región, originando un delirante trasiego de desechos. En España sólo hay once incineradoras de residuos domésticos, todas en áreas densamente pobladas como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Guipúzcoa, Madrid o Mallorca, dado que por su elevado coste requieren quemar grandes cantidades de desechos.
La macroincineradora sería aprobada como Proyecto Regional, para imponerla al municipio donde se decida ubicar, y la gestionaría la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), administración paralela de la Junta de Castilla y León dirigida por el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez Blázquez, y caracterizada por su opacidad laboral y contractual.
Sostienen que las entidades locales se comprometerían a la entrega de al menos el 90 % del rechazo que resulte del tratamiento de sus residuos municipales, admitiendo asimismo "la entrega de otro tipo de residuos susceptibles de valorización energética que permitan la sostenibilidad económica de la planta", a un precio de 90 euros por tonelada de residuo, con penalizaciones económicas si no alcanzaran la cantidad mínima de residuos a entregar. La duración del contrato sería de cuarenta años desde el inicio de funcionamiento de la incineradora, en 2029.
Para Ecologistas en Acción, la pretensión de la Junta no se ajusta a la prioridad legal concedida en Europa, España y Castilla y León al reciclado frente a la incineración. En este sentido, hay que recordar que los CTR cuentan con plantas de compostaje y/o de biogás para fermentar los restos de comida, obteniendo abono y energía. Para su óptimo funcionamiento, los ayuntamientos están obligados a recoger de manera separada estos biorresiduos, con lo que se deberían reciclar casi todos los residuos domésticos que generamos en nuestra región.
Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Castilla y León la retirada de su inaceptable propuesta, exigiendo que la solución que se adopte a la lamentable situación actual de la gestión de los residuos municipales se enmarque en la elaboración participada de un nuevo Plan Regional de Residuos que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a las directrices europeas en la materia.
La organización ambiental pide asimismo a las entidades locales que no cedan a la extorsión del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, renunciando al control de una política tan relevante para los ayuntamientos como la gestión de los residuos domésticos y comprometiendo durante décadas la capacidad decisoria de sucesivas corporaciones locales, con fuertes penalizaciones para aquellas entidades que apuesten más por reducir y reciclar.