¿De verdad quiere la Junta nuevas titulaciones para la Universidad de Burgos?

El Quinto Evangelista
11/07/2024 - 17:49h.

Pues hubo sorpresa. Cuando el Gerente contó a los consejeros la liquidación de 2023, tuvo que informar de que la Universidad había cerrado el ejercicio con un déficit de 816.810,61 €. Desde que en 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un déficit en una administración pública es un calvario, que implica la presentación de planes concretos de recortes, con reducción de gastos que impidan la entrada de las cuentas públicas en una senda deficitaria. En el Consejo Social de la UBU cundió la preocupación: ¿Deberían acometer los recortes previstos en la Ley de Estabilidad? Afortunadamente el Gerente les tranquilizó: Durante el año 2023 la Ley de Estabilidad estaba suspendida por los desequilibrios generados en la pandemia y la postpandemia. La UBU se libró por los pelos.

La explicación de este desaguisado proviene del presupuesto de inversiones. Como una universidad moderna, la UBU debe construir aularios, laboratorios, instalaciones diversas, que no existían cuando se creó. Esto hace que precise de un presupuesto inversor mínimo; para 2023 estaba presupuestada la cantidad de 1.947.427,68 €. Todos los años esta cantidad estaba financiada por la Comunidad Autónoma, que cuando recibió en junio de 1995 el traspaso de las funciones y servicios del Estado en materia de Universidades ya contaba con una partida que le había sido traspasada para la financiación de los gastos de inversión de las universidades. Tal y como cuenta el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que sirve de anexo al acuerdo de traspaso, 2.187.619.000 pesetas, es decir unos 13 millones de €. Tal era el interés de los negociadores en nombre de la Comunidad Autónoma, que dejaron por escrito que en el caso de que hubiera dudas sobre la liquidación final de esta partida, en ningún caso podía ser inferior a la gastada efectivamente el año anterior, 1995.

Esta cantidad, incrementada por efectos de la inflación y por los diferentes sistemas de financiación, ha venido siendo repartida por la Consejería de Educación año tras año sin interrupción. El anterior Plan de Inversiones tenía una duración septenal, de 2016 a 2022. Pero después de la pandemia los diversos fondos Next Generation habían precisado de una cofinanciación autonómica mínima por parte de la Junta, y la Consejería, que durante todo año 2023 dio en varias ocasiones absolutas garantías de que se financiarían las inversiones, se fue gastando los recursos. A mediados de noviembre, comunicó a las cuatro universidades públicas de la Región que no habría financiación de inversiones, incumpliendo las condiciones con las que había recibido el traspaso en materia de Universidades. Pero todas las universidades no recibieron por igual la mala noticia. Burgos es la peor financiada, porque al ser la Universidad más nueva, tiene menos catedráticos y profesores titulares, y la Junta financia el personal con el criterio de coste presente. La Universidad burgalesa debe financiar con su escaso presupuesto incluso las reconversiones de profesorado interino a indefinido, y las conversiones de profesores asociados en doctores, titulares o catedráticos.

Al final, la Universidad de Burgos ha acabado el año 2023 con déficit, no solo porque la Junta incumplió sus obligaciones, sino que lo comunicó tan tarde que era imposible controlar los gastos ya realizados de acuerdo con las previsiones previamente aprobadas por la Consejería. Lo cual servirá a la Junta para negarle las nuevas titulaciones demandadas (¿Cómo van a crearse nuevas titulaciones en una Universidad deficitaria?). Convertirá pues su mala gestión en un argumento para empeorarla. Y este año ¿Qué pasará? Porque en 2024 la Ley de Estabilidad Presupuestaria está en vigor plenamente.

Por todo ello, podría parecer que la Junta de Castilla y León tiene un plan nada favorable para la Universidad burgalesa, que tal vez sea porque es la más crítica con el programa universitario del gobierno regional.