Cuestión de desconfianza

Se puede perder la confianza del pleno que te ha elegido y seguir tranquilamente en el cargo. Es el caso de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien, tras la ruptura de su pacto de gobierno con Vox, se ha acogido a una cuestión confianza que han votado a favor únicamente los 11 ediles del PP frente al voto negativo de los 16 restantes, los 12 del PSOE y los 4 de Vox.

Sin embargo, se trata de una modalidad de cuestión de confianza harto flipante, toda vez que, salvo que medie en el plazo de un mes una moción de censura, la alcaldesa seguirá gobernando en minoría, lo que con toda seguridad va a ocurrir dada la manifiesta incompatibilidad entre PSOE y Vox para compartir esa iniciativa. El resultado es que Ayala, elegida en su día alcaldesa gracias al apoyo de los cuatro concejales de la ultraderecha, va a seguir gobernando con el único apoyo de los11 concejales del PP, que son uno menos de los que sumó en las elecciones municipales la candidatura socialista encabezada por el hasta entonces alcalde, Daniel de la Rosa. Toda una aberración democrática amparada por una disposición legal ciertamente incomprensible.

Como sigue siendo incomprensible que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, no haya convocado ya la Comisión de Reglamento para proceder a regular de inmediato ese vacío legal que permite a los procuradores remunerados con casi 100.000 euros anuales por su "dedicación exclusiva" compatibilizar su función legislativa con cualquier otra actividad y retribución.

Una auténtica vergüenza amparada a su vez por otra disposición bochornosa, cual es la que permite a los procuradores hurtar a la opinión publica el contenido de la declaración de bienes y actividades que están obligados a cumplimentar tras su toma de posesión. Con el agravante de que esta última opacidad se ha instaurado en la actual legislatura, ya que con anterioridad el contenido de dichas declaraciones estaba a la vista en la página web de las Cortes, de igual forma que están las de los parlamentarios nacionales en las respectivas webs del Congreso y el Senado.

Y "El topillo" está en condiciones de asegurar que los 40.000 euros con los que el exportavoz del grupo popular y ahora eurodiputado del PP, Raúl de la Hoz, ha engordado el pasado año los 99.871 percibidos en razón de su "dedicación exclusiva" a las Cortes son calderilla al lado de los ingresos "complementarios" de otros procuradores del PP que, levantándose semejante morterada por cuenta de la Cámara, mantienen ocultas sus declaraciones de bienes y actividades.

Entre las declaraciones mantenidas en la opacidad por miembros del grupo popular figura la del sucesor de De la Hoz en la portavocía, el leonés Ricardo Gavilanes, quien antes de acceder a su actual cargo ejercía la abogacía en el bufete familiar "Gavilanes Abogados" y del que se sospecha que ha seguido ejerciéndola después de acceder a la "dedicación exclusiva" el pasado mes de septiembre.

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