De momento no hay tempero

No es que no hubiera tempero, sino que el sector oficial de los socialistas leoneses, encabezado por su secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, se impuso a la corriente liderada por el alcalde de la capital, José Antonio Díez, en esa aventura plenamente aliado con la UPL. Su alineamiento con la posición de Cendón le llevó al entonces alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, a abstenerse de apoyar la iniciativa segregacionista, lo cual le pasó una onerosa factura en las elecciones municipales del pasado mayo, en las que perdió la alcaldía precisamente a manos del procurador y dirigente leonesista, Mariano Santos Reyero.

Pero en política no es infrecuente el caso en que la disciplina de partido puede convertir una derrota electoral en un ascenso. Y eso es justamente lo que ha sucedido con Sen, designado Delegado del Gobierno en Castilla y León para cubrir la vacante dejada por Virginia Barcones, quien ha cerrado su segunda etapa en dicho cargo para asumir la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Con ello, la política soriana, hasta ahora número dos del PSOE autonómico, ha puesto tierra por medio alejándose del posible cáliz de la próxima candidatura socialista a la presidencia de la Comunidad.

De momento, para lo que no ha habido tempero ha sido para que Alfonso Fernández Mañueco repitiera la jugada de hace dos años, esta vez en detrimento de Vox, un socio todavía más incómodo y engorroso que Ciudadanos. Y no es que Mañueco no estuviera por la labor de adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las gallegas, escenario en el que el PP de Castilla y León saldría altamente beneficiado: pillaría al PSOE enfangado en el marrón de la amnistía y a Vox echada al monte e incapaz de rentabilizar electoralmente unas instituciones que viene parasitando en beneficio exclusivo de sus dirigentes y cargos públicos.

Pero, aunque sea su prerrogativa estatutaria, el presidente de la Junta no puede adelantar las elecciones en Castilla y León sin contar con el plácet de Génova. Y Alberto Núñez Feijóo no ha visto por ahora tempero para asestar ese golpe al partido de Santiago Abascal. Pero el horizonte próximo le brinda nuevas ocasiones, de modo que confunde los deseos con la realidad el procurador de Podemos, Pablo Fernández, cuando da por hecho que Mañueco agotará la Legislatura.

Una vez que el PNV ha designado nuevo candidato en la persona de Imanol Pradales Gil (los seis siguientes no sé, pero los dos primeros no son apellidos precisamente vascos), las elecciones vascas no se van a demorar demasiado. Pueden celebrarse incluso antes que las europeas, fijadas para el 9 de junio. Y antes de concluir el año 2024 se espera cita con las urnas en Cataluña. Opciones no faltan para que Núñez Feijóo decida utilizar el botón electoral de Castilla y León para asestar ese golpe a Vox y recuperar buena parte del electorado que en su día abandonó al PP para engordar al partido de la ultraderecha. Al tiempo.

Entretanto, a Mañueco no le queda más remedio que aguantar las continuas salidas de pata de banco de sus socios, viéndose obligado a respaldar las tropelías a los que son especialmente adictos el vicepresidente García Gallardo y el inefable consejero Veganzones, a quienes los populares han tenido que salvar de una nueva reprobación socialista en el pleno que ha cerrado el año parlamentario.

En consecuencia, al PP no le queda más remedio que empezar el nuevo año negociando con su socio los Presupuestos de la Comunidad para 2024, cuya elaboración ha venido demorando con unas excusas que no han impedido la tramitación presupuestaria en casi todas las demás comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, la Mesa de las Cortes ha habilitado el mes de enero como periodo extraordinario de sesiones a fin de impulsar la tramitación de diversos proyectos y proposiciones de ley. Entre ellos, figura la modificación de la Ley reguladora del Juego y las Apuestas en Castilla y León, sector que concita muchos intereses y no siempre confesables.

Que se lo pregunten a la consejera de Familia, Isabel Alonso, que, sin comerlo ni beberlo, se encuentra en un brete ante la repercusión social de decisiones que en realidad competen a otra consejería, concretamente la que tiene al frente a Luis Miguel González Gago, aquel responsable de los servicios jurídicos de la Junta que se puso la puesta de sol por montera para justificar el adelanto del toque de queda en Castilla y León. Y conste que en esto hasta el momento Vox ni pincha ni corta.

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