UNIVERSIDAD

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León justifica que se 'espíe' a la Universidad de Burgos

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Juan V. Velasco | 14/10/2021 - 18:39h.

El pasado 27 de julio en el CONFIDENCIAL de este digital se hacían eco del espionaje que desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se estaba haciendo a un Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos.

A raíz de esta información, tres días después, la procuradora de Podemos, la burgalesa Laura Domínguez realizaba a través de la Mesa de la Cortes Autonómicas varias preguntas a la consejera Rocío Lucas al respecto.

La respuesta ha tenido salida del Parlamento de CyL el 24 de septiembre, si bien está firmada por la consejera con fecha 16 de septiembre de 2021. En la misma se dice que las universidades públicas asumen un serie de compromisos de información cuando a gasto de fondos púbicos se refiere por costes de personal, ofertas de empleo público, convocatorias de nuevas plaza o firma de convenios colectivos.

 

Dice la Sra Lucas que desde hace tiempo revisan los órdenes del día y los acuerdos de los Consejos de Gobierno de las universidades para 'detectar' propuestas de acuerdos que no hayan sido informados o autorizados por la Consejería de Educación, así como si esos acuerdos se ajustan a los términos previamente informados y/o autorizados. Para ello este trabajo se le encarga a un empleado de la propia Oficina.

Dicha revisión se hace fundamentalmente a través de consultas a las páginas web de las universidades. En ocasiones se piden aclaraciones a las Gerencias o a las Vicerrectorados correspondientes.

Sigue el escrito firmado por la consejera Rocío Lucas señalando que el 16 de julio de 2021 conociendo que se iba a celebrar un Consejo de Gobierno el empleado encargado de estos seguimientos, accedió a la página web de la UBU para conocer el orden del día de dicho Consejo. Junto a la convocatoria figuraba un enlace que fue consultado por si contenía información adicional de dichos asuntos. Resultó que este enlace, sin necesidad de clave de acceso ni contraseña alguna, y sin que apareciera ningún aviso sobre el presunto carácter reservado de dicha reunión, daba acceso a la sesión del Consejo de Gobierno.

Esta situación no provocó ningún tipo de alerta ni de sorpresa en este empleado, por cuanto numerosas universidades públicas facilitan habitualmente, junto al orden del día de sus Consejos de Gobierno, enlaces para asistir telemáticamente a los mismos a cualquier persona interesada. Es el caso, en nuestra Comunidad, de la Universidades de Salamanca y Valladolid.

El empleado fue requerido por el Secretario del Consejo sobre su identidad y las circunstancias de su acceso, ante lo que procedió a identificarse, siendo el Rector quien le informó de que la asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos requería de su invitación previa. Una vez aclarado que dicho acceso se había producido sin ningún requerimiento ni advertencia previa y una vez que tales explicaciones fueron aceptadas por el Rector, procedió a cerrar el enlace.

Por último, puede leerse que la circunstancia de que dicho usuario figurase como "Beatriz" se debe, exclusivamente, a que esta persona prestaba servicio en la modalidad de teletrabajo desde su domicilio. Al parecer, el ordenador que es de su propiedad había sido abierto con ese usuario (correspondiente a un familiar).

Hasta aquí todo puede parecer que se ajusta a la legalidad. Nada más lejos de la realidad ya que los órdenes del día de los Consejos de Gobierno de la Universidad de Burgos no se publican previamente nunca en su web, y sólo son accesibles para los miembros de su Consejo de Gobierno, por lo que no tiene justificación, que la Consejera diga que el  'empleado' accedió a la web para conocerlo, aún teniendo 'la coartada', como nos han manifestado desde la Secretaría de la UBU de que ese día, por error propio, estuvo abierto el enlace por lo que sí pudo seguirse el desarrollo de la reunión universitaria. Lo lógico es que el 'empleado' conozca que aunque no figure en la web el carácter reservado de la convocatoria, la misma sí que lo tiene.

Insistir en que las deliberaciones de dicho órgano de la Universidad burgalesa son secretas y que sólo pueden asistir a esas sesiones los miembros de su Consejo de Gobierno,  por lo que ni siquiera la Consejería de Educación tiene 'autorización' para revisar ni el orden del día ni  mucho menos 'asistir' a sus deliberaciones. Puede valer el ejemplo de que si ves la puerta de un domicilio abierta entras en el mismo a controlar lo que hay dentro, cuando lo lógico es avisar al propietario de esa circunstancia para que cierre dicha puerta (enlace), porque en caso contrario estarías allanado ese domicilio.

Además si se quiere conocer el contenido de las deliberaciones y acuerdos de los Consejos de Gobierno de la UBU, con posterioridad se hacen públicos por parte de la Secretaría General (ruedas de prensa, Boubu, etc).  Es por estos sistemas y por la información que la Universidad suministra a la Consejería en diferentes reuniones y documentos como esta conoce los acuerdos tomados en su día.

Por todo ello podría considerarse como ilegal y fraudulento 'colarse' en un órgano de Gobierno de la Universidad de Burgos para 'espiar', si no existe invitación previa.

En conclusión. Es evidente que la consejera no  puede justificar nunca al 'empleado' como hace en su contestación a la interpelación parlamentaria, quien seguro cumple lo que le han mandado, y es evidente que admite y justifica una grave irregularidad que puede constituir una reprobable ilegalidad. Asimismo, lo normal es que desde el Rectorado de la Universidad de Burgos hubieran pedido ya explicaciones a la Consejería de Educación, algo de lo que hasta el momento no tenemos constancia alguna de que haya sucedido, y es poco probable que el Rector vaya a hacerlo, porque este nunca se ha caracterizado por su 'beligerancia', demandas y reclamaciones con la Junta de Castilla y León, al menos hasta ahora.

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